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La UE permitirá internar hasta 24 meses a los extranjeros pendientes de expulsión; en España el máximo es hoy de 60 días

Por Lectura: 6 min5 fuentes

Redactado con ayuda de inteligencia artificial y revisado por la redacción antes de publicarse. Cómo se hace

El reglamento europeo de retorno, Reglamento (UE) 2026/2280, se publicó en el Diario Oficial de la Unión Europea el 15 de octubre de 2026. Crea un sistema común para expulsar a los nacionales de terceros países en situación irregular. La mayor parte de sus normas se aplicará desde el 17 de octubre de 2027, cuando sustituirá a la directiva de retorno de 2008 sin necesidad de una ley nacional.

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Foto: Barbara Zandoval / Unsplash · Ver en Unsplash

Claves

A quién afecta
A extranjeros de fuera de la UE en situación irregular; no a ciudadanos comunitarios ni a sus familiares con libre circulación.
Internamiento
Hasta 12 meses, ampliables a 24 y otros 6 adicionales; en España el máximo es hoy de 60 días.
Prohibición de entrada
Hasta 10 años, 20 por motivos justificados e indefinida si hay riesgo para la seguridad.
Orden europea
Una expulsión dictada en un país podrá ejecutarse en otro a través del Sistema de Información de Schengen.
Recursos
Plazo máximo de 14 días para recurrir (30 donde ya existían), con asistencia jurídica gratuita salvo excepciones.

Hasta ahora, cada Estado miembro trasponía la Directiva 2008/115/CE a su manera. El nuevo texto es un reglamento, es decir, se aplica directamente en todos los países vinculados sin que haga falta una ley nacional que lo incorpore (art. 50). Si tienes una orden de expulsión en España, o la puedes tener, estas son las reglas que te afectarán.

Qué cambia respecto a la ley española

La Ley Orgánica 4/2000 fija hoy un internamiento máximo de 60 días en un CIE (centro de internamiento de extranjeros), una prohibición de entrada de hasta cinco años (diez si hay amenaza grave para el orden público, la seguridad o la salud pública) y un plazo de salida voluntaria de entre siete y treinta días. El reglamento europeo fija techos mucho más altos. No obliga a España a agotarlos, pero sí marca el nuevo marco común que la norma española tendrá que respetar.

Plazos de expulsión: ley española vigente frente al reglamento europeo (Fuente: Ley Orgánica 4/2000 (BOE, texto consolidado) y Reglamento (UE) 2026/2280 (DOUE, 15-10-2026))
ConceptoLey Orgánica 4/2000 (España, hoy)Reglamento (UE) 2026/2280 (desde 17-10-2027)
Plazo de salida voluntariaEntre 7 y 30 días, prorrogable (art. 63 bis)Hasta 30 días, o salida inmediata; se puede ampliar o reducir según el caso (art. 5)
Prohibición de entradaHasta 5 años; hasta 10 por amenaza grave (art. 58)Hasta 10 años; hasta 20 por motivos justificados; indefinida si hay riesgo para la seguridad (arts. 8 y 13)
Internamiento máximo60 días, sin nuevo internamiento en el mismo expediente (art. 62)12 meses por Estado miembro; prorrogable hasta 24; otros 6 meses adicionales si hay riesgo de fuga y perspectiva de expulsión (art. 30)
Plazo para recurrirEl de la jurisdicción contencioso-administrativaMáximo 14 días; los Estados que a 16-10-2026 ya tenían 30 días o más pueden mantener hasta 30 (art. 27)
Reconocimiento de órdenes de otros paísesNo previsto como sistema generalVoluntario mediante la orden europea de retorno; la Comisión evaluará en 2029 si lo hace obligatorio (art. 7)
Duración máxima de la prohibición de entradaaños
05101520España, caso generalEspaña, amenaza graveUE, caso generalUE, motivos justificadosEspaña, caso general · Máximo legal: 5España, amenaza grave · Máximo legal: 10UE, caso general · Máximo legal: 10UE, motivos justificados · Máximo legal: 20

Fuente: Ley Orgánica 4/2000, art. 58; Reglamento (UE) 2026/2280, art. 8.8

Ver los datos
Máximo legal
España, caso general5.0
España, amenaza grave10.0
UE, caso general10.0
UE, motivos justificados20.0

Cómo funcionará la orden europea de retorno

Cada decisión de expulsión se volcará en un formulario único, la «orden europea de retorno», que se publicará en el Sistema de Información de Schengen (art. 5.14). La Comisión debe aprobar el modelo antes del 17 de abril de 2027 (art. 5.13). Con esa orden, el país donde se encuentre la persona podrá ejecutar una expulsión dictada por otro Estado miembro sin tramitar un procedimiento administrativo propio (art. 7.1 y 7.2). El recurso solo se podrá presentar en el país que dictó la decisión (considerando 23).

Este reconocimiento mutuo es voluntario por ahora. La Comisión evaluará su funcionamiento antes del 17 de octubre de 2029 y, si procede, propondrá hacerlo obligatorio; si no lo propone, tendrá que explicar por qué (art. 7.9 y 7.10).

Retornos a países que no son el de origen

El artículo 14 permite expulsar a una persona a un tercer país distinto del suyo con el que exista un acuerdo. El acuerdo debe respetar el principio de no devolución, fijar las condiciones de estancia, las obligaciones de cada parte y las consecuencias de incumplirlas. Si prevé un retorno posterior desde ese país, tiene que incluir un mecanismo independiente de supervisión (art. 14.3). Los menores no acompañados quedan excluidos de esta vía (art. 14.5). Los Estados deben informar a la Comisión y al resto de socios antes de que el acuerdo entre en vigor o se aplique de forma provisional (art. 14.4).

Qué obligaciones tendrás si recibes una orden de retorno

El artículo 18 impone un deber de cooperar en todas las fases: permanecer a disposición de las autoridades, no obstaculizar la expulsión física ni verbalmente, entregar documentos e información sobre identidad y nacionalidad, y estar localizable. El artículo 19 presume riesgo de fuga, salvo prueba en contrario, si has entrado o te has desplazado sin autorización, si tienes una orden de otro Estado miembro, si incumples medidas impuestas o si has vuelto pese a una prohibición de entrada.

Si no cooperas, el artículo 22 permite recortar prestaciones (sin dejar sin cubrir las necesidades básicas), retirar el permiso de trabajo si la ley nacional lo prevé, ampliar la prohibición de entrada al máximo e imponer multas y, si la ley nacional lo contempla, sanciones penales, incluida la prisión. Las autoridades también podrán hacer registros corporales externos, registrar el domicilio con orden judicial previa (o administrativa en casos urgentes, si lo prevé la ley nacional) y confiscar dispositivos electrónicos (art. 21).

Internamiento y alternativas

El internamiento solo cabe tras una evaluación individual y para preparar el retorno (art. 29). La prórroga de 12 a 24 meses se reserva a casos en los que la persona no coopera, se retrasan los documentos del tercer país o hay circunstancias excepcionales previstas en la ley nacional (art. 30.3). El internamiento debe revisarse al menos cada seis meses, y cada tres si se trata de un menor no acompañado (art. 31). Como alternativas, el artículo 23 contempla una garantía financiera, el control telemático u otras medidas de la ley nacional.

Los menores no acompañados y las familias con menores solo pueden ser internados como último recurso y en alojamiento separado (art. 33). La ley española prohíbe hoy el ingreso de menores en los CIE, con la salvedad que recoge su artículo 62 bis (art. 62.4).

Las personas consideradas un riesgo para la seguridad, según define el artículo 13, pueden ser internadas en prisión, separadas de los presos ordinarios cuando sea posible. También pueden estar internadas más de 24 meses si lo decide un juez, con revisión judicial al menos cada tres meses, y recibir una prohibición de entrada indefinida (art. 13.5).

Garantías que mantiene el reglamento

La decisión de retorno debe dictarse por escrito, con motivos de hecho y de derecho e información sobre los recursos. Si lo pides, te darán una traducción de sus elementos principales en una lengua que comprendas (art. 5.7 y 5.11). Hay derecho a asistencia jurídica gratuita en el recurso. Los Estados pueden denegarla si tienes recursos suficientes, si el recurso tiene pocos visos de prosperar o es abusivo, o en segunda instancia (art. 25).

La expulsión se aplaza cuando viole el principio de no devolución (art. 11) y cada Estado debe tener un sistema independiente de supervisión de las expulsiones (art. 12). Los Estados deben ofrecer asesoramiento y programas de retorno voluntario con ayuda a la reintegración (art. 44).

A quién se aplica y a quién no

El reglamento afecta a los nacionales de países no comunitarios en situación irregular. No se aplica a los ciudadanos de la UE ni a sus familiares con derecho de libre circulación. Tampoco, salvo que el Estado decida incluirlos, a quienes son rechazados en la frontera exterior, a quienes son interceptados al cruzarla de forma ilegal ni a quienes deben salir del país como sanción penal. Las extradiciones quedan siempre fuera (art. 2.4 y 2.5).

El reglamento no modifica las vías para regularizarse, como el arraigo en sus cinco modalidades, ni afecta a quienes obtuvieron permiso en la regularización extraordinaria de 2026.

Irlanda no queda vinculada. Dinamarca tampoco, aunque tiene seis meses para decidir si lo incorpora a su legislación. Islandia, Noruega, Suiza y Liechtenstein lo aplicarán como parte del acervo de Schengen (considerandos 67 a 71).

  1. El Parlamento Europeo aprueba su posición sobre el reglamento.

  2. El Consejo adopta el reglamento.

  3. Firma del reglamento en Estrasburgo.

  4. Publicación en el Diario Oficial de la UE, serie L.

  5. Entra en vigor. Se aplican ya los artículos sobre objeto y ámbito, derechos fundamentales, acuerdos con terceros países, interés del menor y determinación de la edad, readmisión, autoridades competentes y Frontex (art. 50.2).

  6. Fecha límite para que la Comisión apruebe el formulario de la orden europea de retorno.

  7. Aplicación completa. Quedan derogadas la Directiva 2008/115/CE, la Directiva 2001/40/CE y la Decisión 2004/191/CE.

  8. La Comisión evalúa el reconocimiento mutuo y decide si propone hacerlo obligatorio.

  9. Primer informe de la Comisión sobre la aplicación, y después cada cinco años.

Qué no se sabe todavía

El reglamento deja a cada Estado decidir en qué casos concede plazo de salida voluntaria, cuánto duran los internamientos dentro del techo europeo y qué alternativas aplica. El 25 de agosto de 2026, el Consejo de Ministros aprobó en primera vuelta un anteproyecto de reforma de la Ley Orgánica 4/2000 para adaptarla al Pacto Europeo sobre Migración y Asilo. Incluye un procedimiento fronterizo de retorno de doce semanas. La referencia oficial del Consejo de Ministros no menciona el reglamento de retorno ni el límite de 60 días en los CIE.

Los ministerios del Interior y de Inclusión no han explicado públicamente cómo adaptarán la ley a este reglamento. Tampoco se conoce aún el modelo de la orden europea de retorno, que la Comisión debe aprobar antes del 17 de abril de 2027.

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Fuentes
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