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La CIAF investiga por qué descarriló el tren, no quién tiene la culpa: así funciona la investigación técnica de un accidente ferroviario

Por Lectura: 12 min8 fuentes

Redactado con ayuda de inteligencia artificial y revisado por la redacción antes de publicarse. Cómo se hace

La Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) es el órgano que investiga técnicamente los accidentes de tren en España para saber qué falló y evitar que se repita. No señala culpables, porque eso corresponde al juzgado. En principio tiene doce meses para publicar el informe final, y quienes reciben sus recomendaciones deben responder en 90 días qué medidas adoptan.

Toledo, 30 de octubre de 2026.- El jefe del Ejecutivo autonómico, Emiliano García-Page, preside, en las instalaciones del Servicio de Atención y Coordinación de Urgencias y Emergencias 1-1-2 Castilla-La Mancha en Toledo, la reunión del Cen…

Foto: Emiliano García-Page Sánchez / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0 · Ver el original

Claves

Desde cuándo
La CIAF funciona desde el 11 de diciembre de 2007; antes investigaba los accidentes la Dirección General de Ferrocarriles, del propio Ministerio.
Qué investiga
Obligatoriamente, toda colisión o descarrilamiento con un muerto, cinco heridos graves o daños de 2 millones de euros en la red estatal.
Quién decide
Un pleno de presidente y cinco vocales con mandato de seis años sin reelección; el Congreso puede vetar al presidente.
Adamuz
Cinco días después del accidente, la CIAF apuntó a una posible rotura del carril en una soldadura de la vía renovada.
Relevo
La Ley 2/2024 integra la CIAF en una autoridad independiente nueva, la AITAT, cuyo Consejo celebró su primera sesión el 15 de julio de 2026.

Qué es la CIAF y de quién depende

La CIAF es un órgano colegiado especializado adscrito a la Subsecretaría del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible. Empezó a funcionar el 11 de diciembre de 2007 al amparo del Real Decreto 810/2007, que trasladó a España la directiva europea de seguridad ferroviaria de 2004 (Directiva 2004/49/CE). Hasta entonces, los accidentes los investigaba la Dirección General de Ferrocarriles, es decir, un órgano del propio Ministerio.

Su norma de cabecera es el Real Decreto 623/2014, que fija qué debe investigar, cómo y en qué plazos. La Ley del Sector Ferroviario de 2015 le dio rango de ley. En 2024, la Ley 2/2024 decidió integrarla junto con las comisiones de accidentes aéreos y marítimos en una autoridad independiente nueva, de la que hablamos más abajo.

La palabra importante es independencia. Según su presentación oficial, la CIAF es funcionalmente independiente de la autoridad de seguridad, que es la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria (AESF). También es independiente en su organización y en sus decisiones respecto de Adif, de las empresas ferroviarias implicadas y de cualquier entidad con intereses en conflicto. Ni sus miembros ni su personal pueden pedir ni aceptar instrucciones de ninguna entidad pública o privada.

Qué accidentes investiga obligatoriamente

El Real Decreto 623/2014 obliga a la CIAF a investigar todo accidente grave que ocurra en la Red Ferroviaria de Interés General, la que gestiona el Estado. Según su artículo 3, es accidente grave cualquier colisión o descarrilamiento con al menos un muerto, cinco o más heridos graves o daños que el organismo pueda valorar de inmediato en 2 millones de euros o más. También entra cualquier accidente similar con un efecto evidente en la normativa o en la gestión de la seguridad.

Además, puede abrir expediente por cualquier otro accidente o incidente del que crea que se pueden sacar lecciones de seguridad. Un incidente es un suceso que no llega a accidente pero afecta o podría afectar a la seguridad. Por ejemplo, un tren que rebasa una señal sin consecuencias.

Quién forma la comisión

Según su presentación oficial, la CIAF actúa en pleno. Lo componen un presidente, cinco vocales (uno hace de vicepresidente) y un secretario con voz pero sin voto. Tres vocales son ingenieros expertos en infraestructura, material rodante y señalización y comunicaciones. Los otros dos son expertos en seguridad y circulación y en explotación de servicios. El presidente y los vocales tienen un mandato de seis años sin posibilidad de reelección.

El ministro comunica los nombres a la comisión competente del Congreso de los Diputados, que puede aceptar o vetar de forma razonada al candidato a presidente. Por debajo del pleno trabajan los equipos de investigación. Cada uno lo forman un investigador encargado y los investigadores que se le asignen, que pueden apoyarse en peritos internos o externos. Cuando actúan como investigadores, los funcionarios de la comisión tienen la consideración de agentes de la autoridad.

Ese esquema procedía de la Ley del Sector Ferroviario y del real decreto de 2014, pero la Ley 2/2024 derogó los artículos que lo regulaban. En la nueva autoridad decide un Consejo formado por un presidente y seis consejeros, dos por cada modo de transporte, con mandatos de seis años sin reelección. El Congreso tiene que dar su conformidad al presidente y puede vetar a los consejeros.

Qué pasa en las primeras horas tras un accidente

Adif, las empresas ferroviarias implicadas y, en su caso, la AESF están obligados a notificar a la CIAF de inmediato cualquier accidente o incidente en la red estatal. Si el suceso se califica como accidente grave, el presidente de la comisión tiene que abrir la investigación en un máximo de siete días naturales. El equipo recoge en el lugar toda la información posible en el menor tiempo posible, para que Adif pueda restablecer la circulación. En el caso de Adamuz, según explicó el presidente del Gobierno en el Congreso el 11 de febrero de 2026, los investigadores llegaron la misma noche del 18 de enero. Trabajaron con la Guardia Civil para preservar pruebas, tomaron muestras, hicieron fotos y mediciones y llevaron a laboratorio varios metros de vía y varias toneladas de material rodante.

En los siete días naturales siguientes a la apertura, la CIAF informa a la Agencia Ferroviaria de la Unión Europea de la fecha, la hora, el lugar, el tipo y las consecuencias del suceso. También debe tener en cuenta a las víctimas y a sus familiares y, a través del secretario, mantenerlos informados de los avances, siempre que eso no perjudique a la investigación. Las personas y entidades afectadas pueden pedir acceso a la información por correo electrónico o con el formulario que la CIAF publica para cada expediente en su apartado de investigaciones en curso.

En qué se diferencia de la investigación judicial

Un accidente grave abre dos investigaciones paralelas que se parecen poco. El artículo 4.5 del Real Decreto 623/2014 lo dice sin rodeos: la investigación técnica «en ningún caso» tendrá como objetivo determinar la culpa o la responsabilidad del accidente, y será independiente de cualquier investigación judicial. El informe técnico y sus recomendaciones «no prejuzgarán en ningún caso» lo que decida un juez.

Piensa en un médico forense y en un epidemiólogo ante una misma muerte. El juzgado quiere saber si alguien incumplió una obligación y debe responder por ello, con las garantías del proceso penal. La CIAF quiere saber qué cadena de fallos técnicos, organizativos o normativos llevó al accidente, para que el sistema cambie. Por eso puede señalar problemas de mantenimiento o de procedimiento sin que eso equivalga a una acusación.

Cuando hay diligencias judiciales, la ley procesal se impone. El real decreto supedita a ella tanto la información a las víctimas como el envío de la propuesta de informe a las partes (artículos 14.8 y 15.2). La Ley 2/2024 dedica sus artículos 20 a 27 a la relación con jueces y fiscales: el acceso al lugar del accidente, la protección de las pruebas y el intercambio de información. Si los investigadores sospechan que hay un posible delito, deben comunicarlo al juzgado o a la Fiscalía. Lo viste en el accidente de Urda, donde la jueza incautó las cajas negras de los trenes mientras la investigación técnica seguía su curso.

Investigación técnica e investigación judicial de un accidente ferroviario (Fuente: Real Decreto 623/2014, artículos 4, 14 y 15; Ley 2/2024, artículos 17 a 27; presentación de la CIAF)
AspectoInvestigación técnica (CIAF)Investigación judicial (juzgado)
Qué buscaCausas y circunstancias del accidente para mejorar la seguridadSi hay delito y quién es responsable
Quién la haceInvestigador encargado y pleno de la CIAFJuez de instrucción con Guardia Civil, Policía o Mossos y peritos
ResultadoInforme final con recomendaciones de seguridadAuto de archivo, apertura de juicio o sentencia
PlazoEn principio, doce meses desde el accidenteEl que dure la instrucción y el juicio
Señala culpablesNo; el real decreto lo prohíbe expresamenteSí; es su objeto
Relación entre ambasNo prejuzga la decisión judicial; la información a las partes se supedita a la ley procesalPuede requerir información reservada de la investigación técnica

Del primer aviso al informe final

La norma solo exige un documento: el informe final. En la práctica, la CIAF publica en su web una ficha inicial de cada suceso, normalmente al día siguiente. En los casos de más impacto añade notas y actualizaciones con la hipótesis de trabajo. Esos avances no cierran nada: describen una hipótesis que la investigación sigue comprobando.

El camino hasta el informe final tiene pasos tasados en el artículo 15 del real decreto:

  1. El investigador encargado redacta una propuesta de informe técnico. Incluye la descripción del suceso, las pesquisas realizadas, el análisis de las causas y los factores que contribuyeron: acciones de las personas, estado del material y las instalaciones, mantenimiento, marco normativo y sistema de gestión de la seguridad.
  2. El secretario envía la propuesta a Adif, a las empresas ferroviarias implicadas, a la AESF, a la agencia europea, a las víctimas y sus familiares, a los propietarios de bienes dañados, a los fabricantes, a los servicios de socorro y a los representantes de trabajadores y usuarios. Tienen 15 días para aportar información técnica que mejore el informe.
  3. El investigador valora esas observaciones y el secretario eleva la propuesta al pleno.
  4. El pleno aprueba el informe final y fija las recomendaciones de seguridad definitivas.
  5. La CIAF publica el informe «en el plazo más breve posible» y, en principio, en un máximo de doce meses desde el accidente. Si no llega a tiempo, debe publicar un informe provisional al menos en cada aniversario, con los avances y las cuestiones de seguridad detectadas.

El informe sigue la estructura común que fija el Reglamento de Ejecución (UE) 2020/572, de modo que todos los organismos de investigación europeos presentan la información igual. Se envía una copia a la Agencia Ferroviaria de la Unión Europea.

Plazos de una investigación técnica según el Real Decreto 623/2014 (Fuente: Real Decreto 623/2014, artículos 14 y 15, BOE; Ley 2/2024, artículo 19)
TrámitePlazoQuién
Notificar el accidente a la CIAFInmediatamenteAdif, empresas ferroviarias y, en su caso, AESF
Decidir la apertura de la investigación7 días naturales desde la notificaciónPresidente de la CIAF
Informar a la Agencia Ferroviaria de la UE de la apertura7 días naturales desde la aperturaCIAF
Observaciones a la propuesta de informe15 díasPartes afectadas
Publicar el informe finalEn principio, 12 meses desde el accidenteCIAF
Informe provisional si no hay informe finalAl menos en cada aniversario del accidenteCIAF
Responder a las recomendaciones90 díasDestinatarios (AESF y otros organismos)
Informar a la AESF de las medidas60 días; después, cada seis mesesImplementador final (Adif, empresas…)
Memoria anual de investigaciones y recomendacionesAntes del 30 de septiembre (con la AITAT, en el primer semestre)CIAF / AITAT
Plazos fijados por el Real Decreto 623/2014 para cada trámitedías
0100200300400Apertura de la investigaciónAviso a la agencia europeaObservaciones al informeRespuesta del implementadorRespuesta a las recomendacioInforme final (12 meses)Apertura de la investigación · Plazo máximo: 7Aviso a la agencia europea · Plazo máximo: 7Observaciones al informe · Plazo máximo: 15Respuesta del implementador · Plazo máximo: 60Respuesta a las recomendacio · Plazo máximo: 90Informe final (12 meses) · Plazo máximo: 365

Fuente: Real Decreto 623/2014, artículos 14 y 15 (BOE)

Ver los datos
Plazo máximo
Apertura de la investigación7.0
Aviso a la agencia europea7.0
Observaciones al informe15.0
Respuesta del implementador60.0
Respuesta a las recomendaciones90.0
Informe final (12 meses)365.0

Qué valor tienen las recomendaciones

Las recomendaciones de seguridad no son órdenes ni sanciones, pero tampoco son papel mojado. Su destinataria principal es la AESF y, si hace falta, la agencia europea u otros organismos. También se envían a quien tenga que ejecutarlas, como Adif o una empresa ferroviaria.

El artículo 15.7 del real decreto obliga a los destinatarios a acusar recibo y a informar en 90 días de las medidas adoptadas o en estudio y del tiempo que necesitan para aplicarlas. Si no hacen nada, tienen que explicar por qué. Cuando quien debe aplicar la medida es otra entidad, esta tiene 60 días para contar a la AESF qué va a hacer, y después debe informarla cada seis meses de cómo avanza. Las autoridades españolas tienen además la obligación de evaluar las recomendaciones y adoptar medidas «proporcionales y apropiadas» para evitar que el accidente se repita.

La CIAF lleva un registro de cada recomendación, de las respuestas y de su grado de cumplimiento. Todo ello lo recoge en una memoria anual que publica antes del 30 de septiembre y que el ministro traslada al Congreso y al Senado. Por eso, cuando un accidente nuevo recuerda un aviso antiguo, la memoria permite comprobar quién respondió y qué hizo. Es lo que ocurrió tras Urda, cuando se recuperó un aviso de la CIAF de 2025 sobre autorizar la marcha solo con una comprobación humana.

Adamuz y Gelida: dos investigaciones abiertas en la misma semana

El 18 de enero de 2026, a las 19:43, los tres últimos coches del tren Iryo 6189 Málaga-Madrid descarrilaron a la altura de Adamuz (Córdoba). Invadieron la vía contigua y chocaron con el Alvia 2384 de Renfe, que pasaba en ese momento. Murieron 46 personas, según el balance que el presidente del Gobierno dio en el Congreso el 11 de febrero de 2026. Al ser un descarrilamiento con víctimas mortales, la investigación era obligatoria. La CIAF la abrió como expediente 08/2026.

El 23 de enero, cinco días después del accidente, la CIAF publicó una actualización de su nota sobre la investigación. En el Congreso, el presidente del Gobierno la describió como un «primer informe preliminar» y calificó el plazo de «récord». Según su resumen, el documento apuntaba a una posible rotura del carril derecho a la altura de una soldadura hecha unos meses antes, durante la renovación de la vía terminada en junio de 2025. La hipótesis se apoyaba en las muescas detectadas en las ruedas derechas de los coches dos a cinco del Iryo y de otros tres trenes que pasaron antes por ese punto: uno de Renfe a las 19:09 y dos de Iryo a las 17:21 y a las 19:01. El presidente subrayó que se trataba de un estudio preliminar y, por tanto, «no concluyente». La CIAF publicó después nuevas actualizaciones el 12 y el 27 de febrero y el 10 de marzo de 2026.

Dos días después del accidente de Adamuz, el 20 de enero de 2026, un tren de Rodalies chocó en Gelida (Barcelona) contra un obstáculo en la vía y murió el maquinista. La CIAF lo clasificó como colisión con obstáculo, abrió el expediente 011/2026, publicó la ficha inicial al día siguiente y después una nota sobre la investigación. Aquí el contraste con Adamuz es útil: en Gelida, la causa inmediata (el obstáculo en la vía) se conocía desde el primer momento. Lo que tiene que aclarar la investigación técnica es por qué estaba allí, si el sistema podía haberlo detectado y cuánto margen tuvo el maquinista.

Los Mossos d'Esquadra en Gelida y la Guardia Civil en Adamuz trabajan para los juzgados; la CIAF, para su informe. A veces las dos investigaciones usan las mismas piezas de vía o los mismos registradores de datos. Por eso la ley regula cómo se protegen esas pruebas y quién accede a ellas.

  1. La CIAF empieza a funcionar al amparo del Real Decreto 810/2007. Antes investigaba la Dirección General de Ferrocarriles.

  2. El Consejo de Ministros aprueba el Real Decreto 623/2014, que regula la investigación técnica y la CIAF.

  3. La Ley 38/2015 del Sector Ferroviario da rango legal a la CIAF y a la intervención del Congreso en los nombramientos.

  4. Entra en vigor la Ley 2/2024, que crea la AITAT, deroga los artículos de la ley ferroviaria sobre la CIAF y prevé su extinción cuando la nueva autoridad se constituya.

  5. Accidente de Adamuz (expediente 08/2026). El equipo de la CIAF llega la misma noche y trabaja con la Guardia Civil para preservar pruebas.

  6. Accidente de Gelida. La CIAF abre el expediente 011/2026 y publica la ficha inicial al día siguiente.

  7. La CIAF publica la actualización de su nota sobre Adamuz, que apunta a una posible rotura del carril.

  8. El presidente del Gobierno comparece en el Congreso y se compromete a aplicar todas las recomendaciones que se deriven de la investigación de la CIAF.

  9. Última actualización de la nota sobre Adamuz publicada en el expediente, tras las del 12 y el 27 de febrero.

  10. Primera sesión del Consejo de la AITAT, según el acta publicada en la web de la CIAF.

  11. Accidente de Urda (Toledo), expediente 146/2026.

  12. Plazo orientativo de doce meses para los informes finales de Adamuz y Gelida; si no llegan, toca publicar un informe provisional.

La CIAF se integra en una nueva autoridad: la AITAT

La Ley 2/2024, de 1 de agosto, creó la Autoridad Administrativa Independiente para la Investigación Técnica de Accidentes e Incidentes ferroviarios, marítimos y de aviación civil (AITAT). Según su preámbulo, la idea es sumar a la independencia funcional que ya tenía la CIAF una independencia orgánica respecto de la Administración General del Estado. Así, el organismo investigador deja de depender del mismo ministerio del que dependen Adif y Renfe. Se organiza con un Consejo, tres direcciones de investigación (una por modo de transporte) y una Secretaría General.

La ley establece que la constitución de la Autoridad supone la extinción de la CIAF y de las comisiones de accidentes marítimos y de aviación civil. Desde ese momento, cualquier referencia legal a ellas se entiende hecha a la AITAT. Hasta entonces, la CIAF sigue funcionando con el Real Decreto 623/2014 en todo lo que no contradiga la ley nueva. La ley también crea una Unidad de asistencia familiar, dependiente de la presidencia de la Autoridad, para atender a las víctimas y a sus familias.

La ley daba un año desde su entrada en vigor, es decir, hasta agosto de 2025, para aprobar por real decreto el estatuto orgánico, requisito previo para que la Autoridad se constituya. La web de la CIAF recoge el acta de la primera sesión del Consejo de la AITAT, celebrada el 15 de julio de 2026. El primer informe técnico del accidente de Urda se publicó ya con la nueva autoridad en marcha. Para el lector, el método de investigación, los plazos y el carácter no punitivo de los informes siguen siendo los del real decreto de 2014 mientras no se apruebe un desarrollo reglamentario nuevo.

Lo que todavía no se sabe

De Adamuz y de Gelida faltan los informes finales, con las causas definitivas y las recomendaciones de seguridad. El real decreto marca enero de 2027 como horizonte orientativo para ambos, aunque admite que se supere con informes provisionales anuales. Tampoco se sabe qué recomendaciones aceptará la AESF ni cómo las aplicarán Adif y las empresas. Eso se conocerá en los 90 días posteriores a cada informe y, de forma agregada, en la memoria anual. Con la AITAT, la ley adelanta esa memoria al primer semestre del año y obliga a su presidente a presentarla en el Congreso en el tercer trimestre.

Las responsabilidades, si las hay, las determinarán los juzgados, con sus propios tiempos. Y queda por ver cómo adaptará el desarrollo reglamentario de la Ley 2/2024 el procedimiento de investigación a la nueva autoridad.

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Fuentes
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